Con tranquilidad alcalde de Villa de Leyva, Javier Castellanos, dice que enfrenta la imputación de cargos presuntas irregularidades de contratación durante la emergencia por el Covid-19. Argumenta que había necesidad de asignación de contrato y que quizás sí hubo un error pero que rendirán los descargos correspondientes ante las autoridades.
«Se superaron los topes económicos pero el proceso se hizo con conciencia en las necesidades que tenían, En todo caso estamos preparados para rendir los descargos correspondientes cuando así lo requiera la Fiscalía», dijo a UHN el mandatario.
El proceso
La Fiscalía General de la Nación, a través de un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, imputó al alcalde de Villa de Leyva (Boyacá), Josué Javier Castellanos Morales; y al contratista Luis Jorge Castillo Poveda, por su presunta responsabilidad en el delito de violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades.
Los elementos de prueba permitieron conocer que el mandatario habría celebrado contratos de manera directa, al amparo de la urgencia manifiesta decretada por el Covid- 19, con una persona que aportó algo más de dos millones de pesos a su campaña política por la Alcaldía Municipal.
La investigación evidenció que fueron suscritos cuatro contratos con el señor Castillo Poveda para el arriendo de bodegas, por un valor total de $7’700.000. Los registros contables dan cuenta de que cada uno de los contratos, al parecer, superó los topes definidos por la ley.
Los dos imputados seguirán vinculados al proceso y deberán atender todos los llamados de la autoridad judicial.
Esta investigación hace parte de las acciones definidas por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para identificar y judicializar a los responsables de la destinación irregular de los recursos públicos destinados a la atención de las necesidades ocasionadas por la pandemia del Covid-19.
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